El Consejo de Estado recomienda reforzar los controles sobre los fondos europeos en su polémico informe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Andrea ComasEl Consejo de Estado acaba de publicar el polémico informe sobre los fondos europeos. El PP y Ciudadanos acusaron al Gobierno de esconder el documento porque sus conclusiones eran “demoledoras”. El documento del Consejo de Estado, que no es vinculante, analiza el decreto que regula los mecanismos para gestionar los fondos europeos. El organismo señala que “el proyecto merece en su conjunto una opinión favorable”, pero en sus recomendaciones señala la necesidad de reforzar los controles sobre las ayudas que lleguen de Bruselas para hacer frente a la crisis causada por la pandemia. El texto, del 97 páginas, añade que “implementar todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos procedentes de los fondos europeos y, en particular, del Instrumento Europeo de Recuperación, constituye el fundamento primordial del proyecto de Real Decreto-ley sometido a consulta, y es fruto de la decidida voluntad del Gobierno de liderar ese proceso”. El informe del Consejo de Estado tiene fecha del 21 de diciembre, 10 días antes de que el Consejo de Ministros aprobase el real decreto sobre los fondos europeos.El informe reconoce en su preámbulo que la llegada de los fondos europeos supone una oportunidad histórica para España y añade que es “esencial”, para que tenga éxito, “no solo poner el acento en medidas de flexibilización, sino también en el mantenimiento de un riguroso control en cuanto a la asignación” y “su vinculación a los fines para los que sean concedidos”. Las recomendaciones presentadas por el Consejo de Estado “tienen como denominador común la preocupación de este organismo ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”, se lee en el documento.España es el segundo país de la UE más beneficiado por el maná europeo, solo por detrás de Italia. Para este año, el Gobierno ya ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado unos 24.000 millones que llegarán del mecanismo Next Generation EU, a los que hay que añadir más de 12.000 millones del fondo React-EU que se repartirán entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. En los próximos años, España podrá acceder a 140.000 millones de Bruselas, más de 70.000 de ellos en subsidios.El informe del Consejo de Estado recuerda que la UE va a tener un “papel fundamental” en la supervisión de la “correcta gestión y ejecución de los fondos” liberados a través del fondo europeo de recuperación, “lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos”. “A la regulación proyectada se formulan observaciones de distinta naturaleza y entidad, que con frecuencia tienen como denominador común la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”, añade.“Severa crítica”El Consejo de Estado critica que se “incumple la exigencia del análisis del impacto presupuestario” de las ayudas europeas. En otras palabras: pese al escenario sin precedentes y la suspensión de las reglas fiscales ―tanto en España como en Europa―, insiste en que “es importante preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos”. Aunque reconoce la dificultad de cuantificarlo y dar cifras precisas en un contexto que obliga a avanzar con “máxima urgencia”, añade que sí es posible señalar “la incidencia esperada de las distintas medidas de corte presupuestario que contiene el proyecto y elaborar una estimación aproximada de su repercusión”.El dictamen lanza asimismo una “severa crítica” al hecho de que no se hayan incorporado al expediente los informes de la Intervención General de la Administración del Estado, el órgano de supervisión interna del sector público que se encarga del control previo legal y financiero de las subvenciones. Añade que hubiera sido “de inestimable valor” conocer la postura de este organismo “sobre las distintas medidas consistentes en la supresión o modulación de diversos mecanismos de control, incluidos los correspondientes a la función interventora”También cuestiona que existen “límites jurídicos” a la utilización de la figura del real decreto-ley, que el Gobierno ha empleado ampliamente desde el estallido de la crisis para poder actuar con más celeridad. Aunque el Consejo de Estado reconozca que la situación actual no tiene precedentes, “ello no significa que el Gobierno pueda actuar sin restricción alguna”, reza el documento. En este sentido, recuerda que el Tribunal Constitucional ha señalado que la “extraordinaria y urgente necesidad” tiene que apreciarse por el Gobierno en cada caso, pero que “no es una expresión vacía de significado”.Si no puede ver el dictamen, haga clic aquí.


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