El Gobierno enfría el indulto antes de las catalanas pese a la presión de Podemos y ERC

La libertad de los presos del procés, que llevan más de tres años en prisión, será uno de los asuntos centrales de la campaña para las elecciones del 14 de febrero de 2021. Varios partidos, en especial ERC, ahora aliado estratégico del Gobierno, y los comunes, que participa en la coalición que compone el Ejecutivo, están presionando con fuerza en las últimas semanas para que lleguen antes de esas elecciones los indultos, la vía más rápida para que los presos salgan a la calle, en especial Oriol Junqueras, líder de los republicanos.Los partidos que, como ERC o los comunes, o incluso el PDeCAT, han apostado por el acuerdo con el PSOE y han apoyado los Presupuestos, quieren poder llegar a esas elecciones con los presos en la calle para poder defender frente a JuntsxCat y la CUP, sus grandes rivales electorales, que la vía de la negociación y el entendimiento da muchos más frutos que la del choque total que lidera Carles Puigdemont. Sin embargo, todo indica que las elecciones catalanas se celebrarán con los presos en la cárcel. Las tres vías para que salieran se retrasan. Y el sector socialista enfría las posibilidades del indulto antes de las elecciones frente a la presión de Unidas Podemos. La vicepresidenta Carmen Calvo dejó claro este viernes que el Ejecutivo no espera que sea antes porque faltan unos trámites que no dependen de La Moncloa, sino de la Fiscalía y el Tribunal Supremo.Calvo enfrió las expectativas de dirigentes de Unidas Podemos como el vicepresidente Pablo Iglesias, el portavoz Pablo Echenique o el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens. “Yo comprendo que estos indultos y estas personas que lo han solicitado están en un parámetro de debate político, por eso puedo entender lo que digan Echenique, Asens y otros muchos más, pero el Gobierno no está en eso, está haciendo su trabajo de tramitación después del parón que hubo por el estado de alarma”, aseguró la vicepresidenta, que dejó claro que es muy improbable que llegue antes de las catalanas porque los indultos “tardan el que menos cuatro o cinco meses” y es frecuente que vayan mucho más allá. El Gobierno tiene un problema añadido. Fuentes jurídicas señalan que es casi seguro que la Fiscalía y el tribunal sentenciador opinarán en contra de los indultos, con lo cual tendrá que asumir todo el coste de hacerlo. De las 1.400 solicitudes que se han tramitado este año, 1.390 fueron denegadas. Y de las 10 aceptadas, 8 tenían la opinión favorable de la Fiscalía y el tribunal sentenciador y otras dos al menos tenían el apoyo del segundo. Esto es, no se aprobó ningún indulto con la opinión contraria de Fiscalía y tribunal sentenciador. Aún así, dada la relevancia política de esta decisión, en el ambiente político se da por hecho que el indulto llegará en algún momento, aunque no sea inminente.La Fiscalía aún no ha recibido la documentación que le tiene que enviar la Sala Segunda del Supremo -es probable que le llegue la próxima semana, según fuentes jurídicas- y cuando le llegue no tiene ningún plazo para tramitarla, por lo que es probable que todo se retrase. Después, el tribunal sentenciador, esto es la sala Segunda, tendría que dar también su opinión, un nuevo trámite que se retrasará, con el parón navideño en medio. La única posibilidad de que todo se acelerara es que la fiscal general, Dolores Delgado, decidiera meter prisa a los fiscales del Supremo, pero es muy poco probable que ella quiera entrar en ese avispero, según fuentes jurídicas. Por tanto, en este momento todo indica que los presos seguirán en la cárcel en las elecciones, aunque para entonces ya tendrán un horizonte claro de salida. Estas son las tres vías posibles para que puedan lograrlo.Tercer grado. El Supremo ha revocado la decisión de las autoridades penitenciarias catalanas de conceder el tercer grado, pero no porque no tenga intención de aceptarlo en ningún momento, sino porque considera que es “prematuro”. Esto es, queda abierta la puerta para aceptarlo en el futuro, cuando hayan cumplido una parte mayor de su condena. Sin embargo, es la vía más complicada, porque la oposición de la Fiscalía y del propio tribunal parece firme y no es previsible que cambie en breve. Los tiempos políticos son muy diferentes a los judiciales y en ERC no tienen ninguna expectativa de que avance esta vía, que sirvió para que los presos pudieran salir a la calle a trabajar durante varias semanas aunque debían volver a dormir.Reforma del Código Penal. Es la vía más lenta pero también la más segura, porque reduciría las penas por delito de sedición y supondría la salida inmediata de la cárcel ya con la condena cumplida. Requiere un complejo trámite parlamentario que llevará varios meses, sobre todo porque el Gobierno aún no se ha decidido a presentar su reforma. Unidas Podemos se ha quejado de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ni siquiera les ha contestado a su propuesta de reforma que implicaría la salida inmediata de todos los presos porque anularía el delito de sedición en el caso de que no se utilicen armas. Campo y la vicepresidenta, Carmen Calvo, tienen prácticamente lista la reforma a la espera de que el presidente Pedro Sánchez tome la decisión de incluirla en la agenda del Consejo de Ministros.Indultos. Es la vía con más coste político para el Ejecutivo en sectores importantes pero también la que tendría más efecto como mensaje en Cataluña. ERC ha hablado de esta salida con los socialistas en múltiples ocasiones. El argumento político que utilizan los republicanos es que esto supondría un giro completo en las relaciones entre el independentismo y el Gobierno central que podría abrir la vía para desactivar buena parte de la fractura que ha dejado el procés. El Ejecutivo no ha ofrecido garantías a sus socios republicanos pero aunque en público señala que no hay nada decidido, en privado sí admite que el indulto es una opción real para cambiar por completo la dinámica política entre la Generalitat y el Ejecutivo. Sin embargo, de momento se está esperando a los trámites legales y la decisión política solo llegará cuando la Fiscalía y el tribunal sentenciador hayan dado su opinión, probablemente ya después de las elecciones catalanas.


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