El Supremo critica en un informe el decreto del Gobierno que deja en sus manos las restricciones tras el estado de alarma

Informadores del Ayuntamiento de Barcelona en la playa del Bogotell durante la presentación del protocolo para el control del aforo de playas, este jueves.David Zorrakino / Europa PressEl gabinete técnico de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo critica en un informe el decreto aprobado por el Gobierno que da a esta sala la última palabra sobre las restricciones que puedan adoptar las comunidades para combatir el virus tras el estado de alarma. El escrito, de 12 páginas, desgrana dudas no solo procedimentales y de aplicación de la reforma, también legales e incluso “problemas de constitucionalidad” porque endosa a los tribunales decisiones políticas. El texto advierte también de que si se multiplican los casos que lleguen al Supremo “será muy difícil cumplir” el plazo de cinco días que establece la norma aprobada por el Consejo de Ministros.Más informaciónEl informe elaborado por el gabinete técnico responde a la petición que le formuló este miércoles el presidente de la Sala de lo Contencioso, César Tolosa, tras reunirse con los presidentes de las cuatro secciones de la sala. En el encuentro acordaron encargar un informe para disipar algunas dudas de aplicación de la norma aprobada por el Consejo de Ministros y que entra en vigor el próximo domingo. El gabinete técnico ha remitido este jueves a los magistrados de la sala un texto que presentan como una “primera nota de urgencia” que podrá ser “completada o rectificada” en los próximos días, cuando se haga una reflexión más sosegada.El informe se centra en cuestiones de carácter puramente procesal, pero no esconde una crítica de fondo al decreto del Gobierno. Entre otros aspectos, sugiere que el decreto del Gobierno presenta “problemas de constitucionalidad” al situar a los tribunales “como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de competencias administrativas compartidas”. El texto advierte también de la “posible insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada”, el real decreto-ley, para regular una cuestión que, advierte el texto, “incide en derechos fundamentales”. Con todo, no entra en más detalles sobre los supuestos problemas de legalidad del decreto. “Ambas cuestiones requieren de un estudio profundo que ahora no puede abordarse”, explica el gabinete técnico en el informe.Donde sí se explaya es en el análisis sobre las dudas técnicas para aplicar la reforma legal. El texto señala que no queda claro si desaparece el trámite del recurso de reposición ante los tribunales superiores de justicia, un paso que ahora existe en los litigios contenciosos. El decreto estatal establece que este trámite “no es requisito necesario”, pero no dice —“y podría haberlo dicho”, apunta el gabinete técnico— que “no procederá” este tipo de recurso. “El problema es que la norma, tan preocupada por establecer unos plazos procesales perentorios para este peculiar cauce procedimental, no fija un plazo específico ni para interponer ni para resolver ese posible recurso de reposición, que, se insiste, no excluye”, señala el informe.


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