Santamaría: “La tarifa eléctrica regulada de España es única en Europa y no trae nada bueno”

Ángeles Santamaría (Marruecos, 1961) es consejera delegada de Iberdrola España desde febrero de 2018. El subholding gestiona más del 50% de la capacidad renovable instalada por el grupo en el mundo. Ingeniera industrial por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI) y PDG por la IESE Business School, lleva ligada a Iberdrola más de dos décadas en el desarrollo de su estrategia de transición hacia un modelo basado en renovables. La directiva charla con CincoDías y aboga por una reforma estructural del sistema energético y por la desaparición paulatina de la tarifa eléctrica regulada (PVPC), en línea con otros países europeos.
El precio de la electricidad alcanzó la semana pasada su máximo histórico, ¿a cuánto puede llegar?
No sé a cuánto puede llegar, pero ya es suficiente a donde ha llegado, ¿no? Me pongo en los zapatos del consumidor, en los nuestros propios y hasta en los del Gobierno y hay preocupación e inquietud porque estamos en unos niveles que nunca habíamos visto. Es importante decir, aunque no es consuelo para nadie, que no somos un caso excepcional en nuestro entorno. Todos los países están en niveles similares. En lo que va de año, las medias son parecidas. En España tenemos una media de 62 euros/MWh; en Francia, en 61; en Alemania, en 58; en Italia, en 70, y en el Reino Unido, en 81.
¿Por qué se está produciendo esta subida tan desorbitada?
El origen está en la subida de precios del gas y de las materias primas en general, como el cobre o el acero. El caso del gas es muy llamativo porque ha subido muchísimo y apunta a que China se ha convertido en el gran importador. Los almacenes, en general, están a bajo nivel después de un invierno frío y ahora estamos en un momento de alta demanda de electricidad asociada a la recuperación de la actividad, lo que ha provocado que los precios del gas se multipliquen por cuatro en España. También están elevados los precios de emisión de CO2. Por cada euro que sube el gas, el precio de la actividad sube dos euros y por cada euro que sube el precio del CO2, el de la electricidad lo hace a 0,33 euros por MW. El gran causante es el precio del gas.

Se podría hacer el diseño de la tarifa regulada más estable y menos sometido a irregularidades

¿Tiene sentido la tarifa eléctrica regulada (PVPC) en este contexto de alza de precios?
La tarifa regulada, fijada por el Gobierno y a la que se pueden acoger consumidores de hasta 10 KW de potencia contratada, está por ley vinculada a los precios horarios del mercado, de forma que toda subida y bajada se traslada al consumidor, que es el que menos capacidad de gestión tiene de su consumo. Como consumidora, me gustaría tener cierta predictibilidad de qué me va a costar la electricidad y no estar preocupada de si sube o baja. En otros países como Reino Unido se referencia a una cesta de mercados a plazos y tienes más o menos fijo el precio durante tres/seis meses o un año, por lo que no hay un sobresalto continuo y esta alarma actual, y aporta certidumbre. El diseño de la PVPC es un problema, preocupa no saber qué te vas a gastar, estar conectado a un mercado que ni entiendes ni tienes por qué entender. Yo diría que nuestra tarifa regulada es única en Europa y no nos trae nada bueno. Hemos planteado soluciones de diseño similar a otros países como Italia o Reino Unido, o bien proveer de energía a este tipo de consumidores con contratos con tecnologías que puedan dar precios estables y sean competitivas, como son las centrales nucleares.
El Gobierno arguye que ya ha bajado los impuestos a la electricidad y que es la UE quien tiene que reformar los mecanismos de formación de precios. ¿Está haciendo el Ejecutivo lo suficiente para evitar que la electricidad esté tan cara?
No me gusta evaluar si el Gobierno está haciendo o no lo suficiente. Lo que sí digo es que puede hacer el diseño de la tarifa PVPC más estable y menos sometido a estas irregularidades. Además, hay que recordar que hay una recomendación de la Comisión Europea para que las tarifas reguladas se restrinjan y vayan tendiendo a desaparecer con el fin de que el mercado de comercialización de electricidad funcione lo más flexible posible. La tendencia de la UE es dejar funcionar al mercado, que la competencia funcione. Por otra parte, vale la pena decir que a los consumidores que están en el mercado libre, que normalmente tienen un precio fijo con su comercializadora, el Gobierno les ha trasladado una rebaja fiscal de cinco euros vía reducción temporal del IVA. En cambio, los que están con tarifa regulada no lo han visto así, ya que, con el encarecimiento de precios, en realidad han notado al final una subida de cuatro euros mensuales en comparación con los últimos años. ¡Qué paradoja! Del mismo modo, no es verdad que la inmensa mayoría de los consumidores están afectados por la subida de la luz. Estas últimas subidas no están afectando a quien esté en mercado libre, con contratos fijos.

No es verdad que la mayoría esté afectada por las últimas subidas del precio de la luz; queda el mercado libre

En su opinión, ¿qué medidas se deberían tomar?
Al final, de la factura eléctrica solo el 35% está relacionado directamente con los costes de producción de electricidad, luego están los costes de transmisión, transporte, distribución y numerosos impuestos que van al consumidor final. Una de las medidas sería una reestructuración global de la fiscalidad e intentar limpiar la factura de todo aquello que le es ajeno al consumidor y que este pague por la electricidad, y no por políticas energéticas anteriores. Esto sería muy importante para hacer la electricidad más competitiva y favorecer la electrificación, que es el camino por donde va la UE.
¿Tiene sentido el nuevo fondo para costear las renovables (FNSSE) que proyecta el Gobierno?
Sí, tiene todo el sentido del mundo. Va en línea con la UE, ya que consiste en repartir progresivamente el coste de la transición energética entre todos los consumidores de energía. Por ejemplo, en Alemania se ha aprobado una ley que fija tasas para las emisiones en el transporte, con el objetivo de que financien el coste de las renovables históricas. Tiene todo el sentido porque uno de sus objetivos es la descarbonización, que va a ir por electrificar muchos consumos. La idea está alineada con ofrecer energía limpia. Según Red Eléctrica el 65% de la electricidad en 2020 ya no producía emisiones, por lo tanto electrificar tiene todo el sentido.
El motor pide 340.000 puntos de recarga en 2030 para desarrollar el vehículo eléctrico, ¿es factible?
En lo que a nosotros respecta estamos llevando a cabo todo nuestro plan de despliegue de infraestructuras de recarga. Uno de los problemas que tenemos es la tramitación administrativa, larga y complicada. La burocracia no puede detenernos en este asunto y está ocurriendo. Hay que empujar desde la administración para allanar el camino.

Avisa: la menor retribución a la nuclear e hidráulica “preocupa” a los inversores

El Gobierno ha puesto en marcha un plan para frenar la sobrerretribución que percibe en el mercado mayorista la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005, que se traduciría en un recorte de 1.000 millones en los dividendos que reciben las empresas. Santamaría es crítica con ello: “Aunque el mensaje del Ejecutivo sea de ortodoxia, se ve con mucha preocupación desde el entorno de los inversores y así nos lo transmiten también nuestros contactos”. Además, avisa de la “inseguridad jurídica” que está generando, y confía en que en el trámite parlamentario se pueda modular la norma.
La CEO de Iberdrola España advierte de que una medida como esta puede tener “efecto contagio” y ser “destructiva y dañina” para el régimen europeo de comercio de derechos de emisión de CO2. Además, asegura que el anteproyecto de ley del Gobierno “parte de varias hipótesis falsas”. En su opinión, y en contra de lo que defiende el Gobierno, las centrales no están amortizadas y tampoco reciben ingresos inmerecidos. “Parte de premisas falsas e ignora la realidad económica de las centrales, que les han aumentado las tasas y cargas fiscales enormemente. No se puede tomar una decisión de este estilo sin tener en cuenta todas las circunstancias económicas”, insiste.
Por el contrario, sí apoya la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar en España. Transición Ecológica plantea alcanzar entre 1 y 3 gigavatios (GW) de eólica flotante en 2030. Aunque Santamaría remarca que aún está en audiencia pública, sí es un documento “ostentativo” de por dónde va el país en esta tecnología. “Vemos bien que se apoye, pero hay que ver en qué zonas estará disponible. Hay que estudiarlo para que se pueda materializar. La aplicación de fondos europeos es una excelente oportunidad para este tema como ya estamos haciendo”, apunta.
En este sentido, y en línea con las palabras del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, que dijo que Iberdrola está estudiando una segregación (spin-off) de su negocio de eólica marina, Santamaría avanza que Iberdrola también estudiará en España soluciones de tecnologías flotantes. No obstante, remarca que en el país es un “negocio muy emergente” por las grandes profundidades marinas. “Es una opción más”, añade.
Burbuja en renovables
Energéticas de peso como Acciona y otros grupos de reciente creación están sacando a Bolsa sus filiales de renovables con éxito dispar, en un entorno de cierto agotamiento de la demanda. Santamaría expresa que el éxito en el parqué depende mucho de las expectativas que se tenga sobre la empresa, su solidez financiera y de los proyectos que tenga en cartera.
Al ser preguntada sobre una posible burbuja de renovables en España, manifiesta que hay concedidos permisos de acceso y conexión por más del doble de lo que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030. “Llámale burbuja o sobredemanda, pero hay exceso de proyectos. Todos no se podrán materializar por falta de financiación u otros problemas”, sentencia.

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