El Tribunal Supremo ha puesto fin este lunes al mandato de Quim Torra al frente de la Generalitat. La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a un a\u00f1o y medio de inhabilitaci\u00f3n por un delito de desobediencia impuesta al president por incumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar, durante la campa\u00f1a electoral, una pancarta de apoyo a los presos del proc\u00e9s del Palau de la Generalitat, la sede de la presidencia. El Supremo considera que Torra desobedeci\u00f3 de forma \u201ccontumaz y obstinada\u201d a la autoridad electoral y rechaza uno a uno todos los motivos alegados por el hasta ahora president para impugnar su condena. La inhabilitaci\u00f3n, que ya se ha hecho efectiva, pone patas arriba la pol\u00edtica catalana: aboca a Catalu\u00f1a a un largo periodo de interinidad que no se cerrar\u00e1 hasta las elecciones, previsiblemente en febrero.La inhabilitaci\u00f3n de Torra se daba por segura desde hace semanas, pero, por m\u00e1s que fuera previsible, la confirmaci\u00f3n este lunes por parte del Supremo supuso un cataclismo en la pol\u00edtica catalana. Una nueva crisis institucional para una comunidad instalada en la inestabilidad: dos de los \u00faltimos tres presidentes auton\u00f3micos han sido condenados por delitos cometidos en el cargo y el tercero (Carles Puigdemont) est\u00e1 huido de la justicia espa\u00f1ola.Nunca hasta ahora, sin embargo, se hab\u00eda inhabilitado judicialmente a un president en pleno mandato. La sentencia del Supremo sobre Torra tiene efectos inmediatos: el president dej\u00f3 de serlo ayer mismo, en cuanto recibi\u00f3 la notificaci\u00f3n oficial de su condena firme, a primera hora de la tarde. Torra se neg\u00f3 a firmarla. M\u00e1s tarde, en una declaraci\u00f3n institucional, dijo que no acepta la sentencia, aunque asumi\u00f3 que deb\u00eda dejar el cargo y pidi\u00f3 que las pr\u00f3ximas elecciones auton\u00f3micas sean \u201cun plebiscito\u201d que refuerce \u201cel mandato\u201d surgido del refer\u00e9ndum independentista del 1 de octubre de 2017.A Torra le sustituye el vicepresidente, Pere Aragon\u00e8s, en aplicaci\u00f3n de la Ley de Presidencia de la Generalitat. Como presidente suplente, Aragon\u00e8s \u2014de Esquerra Republicana de Catalunya\u2014 tiene las funciones muy restringidas y no puede, por ejemplo, designar ni cesar consejeros, ni convocar elecciones. El presidente del Parlament, Roger Torrent, tiene 10 d\u00edas para proponer un candidato a presidente y si \u2014como es previsible\u2014 no lo hay se convocar\u00e1n elecciones.La sentencia del Supremo pone fin a casi dos a\u00f1os y medio de mandato convulso, donde las continuas llamadas al di\u00e1logo con el Gobierno central se quedaron casi siempre en amagos y matizadas por reiterados gestos de desaf\u00edo al Estado. Uno de ellos, la negativa a retirar de la sede de la Generalitat, en plena campa\u00f1a electoral, una pancarta de apoyo a los l\u00edderes independentistas presos, ha desembocado en su inhabilitaci\u00f3n.El Supremo ha desestimado uno por uno los argumentos de Torra para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a del pasado 19 de diciembre, que le conden\u00f3 a un a\u00f1o y medio de inhabilitaci\u00f3n especial para el ejercicio de cargos p\u00fablicos electivos y para el desempe\u00f1o de funciones de gobierno, ya sea en el \u00e1mbito local, auton\u00f3mico o estatal.En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ram\u00f3n Berdugo, el tribunal destaca que Torra es libre como ciudadano de exhibir s\u00edmbolos que reflejen su identidad pol\u00edtica, pero no de usarlos en periodos electorales \u201cdesobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central que, en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibi\u00f3 su utilizaci\u00f3n\u201d. Seg\u00fan la Sala de lo Penal, los acuerdos de la Junta Electoral Central no vulneraron los derechos a la libertad ideol\u00f3gica y la libertad de expresi\u00f3n de Torra, mientras que la actitud del president s\u00ed supuso en cambio una vulneraci\u00f3n del principio de neutralidad al que deben sujetarse las administraciones en general, \u201ccontraviniendo \u00f3rdenes expresas de aquella Junta Electoral\u201d.El alto tribunal ciega un hipot\u00e9tico intento de Torra de esquivar la inhabilitaci\u00f3n para seguir ocupando un cargo p\u00fablico, aunque no sea el de presidente de la Generalitat. La sala recuerda que ha sido condenado en su condici\u00f3n de autoridad p\u00fablica y considera que la pena de inhabilitaci\u00f3n debe abarcar a cualquier \u00e1mbito. Seg\u00fan los magistrados, \u201cconstituir\u00eda una burla al respeto\u201d que los ciudadanos deben al buen funcionamiento de los poderes p\u00fablicos que la pena de inhabilitaci\u00f3n se limitase al cargo espec\u00edfico en el que se cometi\u00f3 el delito, y permitiese al condenado seguir cometiendo esta clase de actos en otro \u201ccargo an\u00e1logo, fruto directo o indirecto de unas elecciones pol\u00edticas, por el mero hecho de trasladarse de un cargo de representaci\u00f3n pol\u00edtica a otro similar en el propio Gobierno auton\u00f3mico, o de la naci\u00f3n, en el Parlamento Auton\u00f3mico, del Estado o de la UE, o en el \u00e1mbito municipal\u201d.Tampoco le ha valido a Torra su intento de cuestionar la legitimidad del tribunal o considerar vulnerado su derecho a la presunci\u00f3n de inocencia. Los magistrados recuerdan que el hasta ahora president es adem\u00e1s escritor y abogado, lo que unido a los distintos informes remitidos por los servicios jur\u00eddicos de la propia Generalitat sobre la exhibici\u00f3n de simbolog\u00eda en las sedes de la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica, hacen concluir que Torra conoc\u00eda a la perfecci\u00f3n su obligaci\u00f3n de acatar los mandatos de la Junta Electoral. Pese a ello, el Supremo constata \u201cla contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad\u201d.La Sala considera que adem\u00e1s de desatender el mandato, Torra tuvo \u201cuna voluntad consciente y una disposici\u00f3n an\u00edmica inequ\u00edvoca de contravenci\u00f3n\u201d. \u201cEn todo momento, con anterioridad, durante y despu\u00e9s del juicio oral, no ha negado la exhibici\u00f3n de pancartas y otros s\u00edmbolos en edificios p\u00fablicos dependientes de la Generalitat, en especial en la fachada del Palau, y su negativa a cumplir las \u00f3rdenes de la Junta Electoral Central\u201d, aunque alegara que se trataba de \u00f3rdenes ilegales y que atentaban contra su libertad de expresi\u00f3n. El punto final al mandato de Torra aboca a Catalu\u00f1a a un largo periodo de inestabilidad hasta la pr\u00f3xima convocatoria electoral, que podr\u00eda retrasarse hasta febrero: m\u00e1s de cuatro meses de interinidad en plena pandemia.Lea la sentencia \u00edntegra de la inhabilitaci\u00f3n del ‘president’ Torra<\/p>\n