Por su ubicaci\u00f3n en un punto estrat\u00e9gico de la frontera sur de Espa\u00f1a, la ciudad aut\u00f3noma de Melilla se enfrenta a una intensa presi\u00f3n migratoria que no siempre es f\u00e1cil de gestionar. Pero esto no justifica que los servicios p\u00fablicos no garanticen las prestaciones m\u00ednimas exigibles ni la protecci\u00f3n de los derechos humanos, como ocurre en La Pur\u00edsima, el principal centro de acogida de menores inmigrantes no acompa\u00f1ados, ubicado en un antiguo fuerte militar en las afueras de la ciudad. La situaci\u00f3n de degradaci\u00f3n y las graves carencias materiales no son un problema puntual. Hace a\u00f1os que diferentes instancias, desde el Defensor del Pueblo a las organizaciones humanitarias que operan en la zona, vienen denunciando las deplorables condiciones en que se encuentra el centro. El maltrato institucional que reciben los menores fue incluso llevado ante la Fiscal\u00eda en diciembre pasado por la consejera de Hacienda del Gobierno local aut\u00f3nomo.<\/p>\n
El recinto ha llegado a albergar a 886 menores, la mayor parte de ellos en los dispositivos restringidos de primera acogida, que apenas tiene capacidad para 350. Las im\u00e1genes que ha podido ofrecer este diario son elocuentes: colchones en el suelo, hacinamiento y p\u00e9simas condiciones higi\u00e9nicas, a lo que hay que a\u00f1adir deficiencias graves en la alimentaci\u00f3n. Tambi\u00e9n el r\u00e9gimen organizativo ha suscitado cr\u00edticas. Las condiciones materiales y las r\u00edgidas normas internas hacen que muchos menores traten de escapar de un sistema rigorista que produce m\u00e1s malestar que respeto, y que acaba provocando que muchos acaben deambulando y durmiendo en la calle, algo especialmente grave teniendo en cuenta que se trata de menores que se encuentran bajo la tutela del Estado.
\nEl centro est\u00e1 gestionado bajo r\u00e9gimen de concesi\u00f3n por una entidad privada que ha ido encadenando pr\u00f3rrogas del contrato durante m\u00e1s de una d\u00e9cada a pesar de las denuncias. El nuevo Gobierno, formado por el PSOE, Coalici\u00f3n por Melilla y Ciudadanos, ha tenido diferencias sobre la forma de abordar el problema. Ante la amenaza de despido de los m\u00e1s de 200 trabajadores del centro al finalizar el contrato, se decidi\u00f3 una pr\u00f3rroga de un a\u00f1o y la convocatoria de un nuevo concurso para 2021, pero esto implica prolongar tambi\u00e9n durante ese tiempo una situaci\u00f3n en la que no se respetan los derechos humanos ni la normativa sobre infancia.
\nLa ciudad de Melilla recibe fondos finalistas para atender de forma adecuada a estos menores. Si no son suficientes, deben aumentarse. En todo caso es urgente mejorar las condiciones del centro y clarificar su situaci\u00f3n contractual. Los menores que no puedan ser acogidos en condiciones por falta de espacio deber\u00edan trasladarse a la Pen\u00ednsula. No es aceptable que semejante degradaci\u00f3n se prolongue por m\u00e1s tiempo.
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